“Preferencia por la Estabilidad”

-Mini-manifiesto subnormal XLI- 23 de Enero de 2009, por Jesús Cabrera

“¡Virgencita, virgencita, que me quede como estoy!”
(Anónimo popular)

En estos tiempos de aguda crisis económica mundial que vivimos, conviene recordar aquello de que “más vale pájaro en mano que ciento volando” y que no deben confundirse los principios de administración y prudencia de la “economía política” con los de las “economías domésticas” aun cuando la “economía colectiva o nacional” no sea otra cosa que el agregado (no suma) del conjunto de las economías de las personas (naturales y jurídicas) residentes en el país, incluidos los entes públicos.

En tiempos difíciles conviene a las economías domésticas apretarse el cinturón tratando de ahorrar en gastos corrientes y desendeudarse, si pueden, mientras que, por el contrario, las Administraciones Públicas (en lo sucesivo diremos la Administración Pública) no debe dudar en endeudarse a fin de compensar, con el aumento de su demanda propia o inducida, la reducción de la demanda de aquellos. Mas, ¿quiere decir esto que, en tiempos de crisis y en favor del bien común, la Administración Pública deba gastar o invertir alegremente sin importar en qué y cómo? Naturalmente, no. A medio o largo plazo la Economía, sea privada o pública, no admite ni perdona los despilfarros, es decir, las “anti-economías” o acciones contrarias a obtener la mayor utilidad posible con los mínimos recursos.

Ahora bien, con el apremio de la crisis y la premura coyuntural de invertir o gastar más con tal de tratar de equilibrar la demanda efectiva interna, pudiera parecer que todo vale para la Administración Pública y, esto, no puede ser cierto. Se verá claramente imaginando por ejemplo que, “in extremis”, de repente la Administración Pública decidiera duplicar el sueldo a todos los funcionarios. No tardaría en comprobarse que, en tanto la propensión media al consumo del colectivo de funcionarios sea menor que la media de la población, la medida afectaría escasamente al aumento de la demanda efectiva y apenas alteraría positivamente la demanda interna agregada, por lo que, para conseguir el objetivo perseguido, habría sido mejor bajar los impuestos a las familias más desfavorecidas incurriendo en un déficit presupuestario de semejante cuantía. Mas, por otra parte, la naturaleza despilfarradora de la medida sería evidente al comprobarse que los servicios que habrían de producir los funcionarios, a partir de la citada subida de sus sueldos, serían los mismos de siempre pero con un coste de mano de obra duplicado y, en consecuencia, el efecto directo sería de inflación del precio de los servicios que produce la Administración, aunque, por cierto, dicha inflación no se computaría en el cálculo del IPC.

¿Cuánto valen los servicios que produce la Administración Pública? La respuesta práctica que la Contabilidad Nacional da a dicha pregunta, es: valen lo que cuestan y se consideran realizados en tanto la Administración Pública los paga y éste, a mi modo de ver, es el gran escollo en que tropieza, en general, la justificación de la actividad económica de las administraciones públicas, que obliga a poner en cuestión la eficiencia económica de la misma en tanto es muy difícil medirla o, por lo menos, no se ha encontrado todavía el modo de hacerlo eficazmente. Cuando un órgano de la Administración contrata, por ejemplo, la construcción de un puente mediante licitación pública al mejor precio, lo mismo que a todo el mundo, a dicha Administración, el puente, no le cuesta sólo lo que ha de pagar al contratista adjudicatario sino que, para hallar el coste total de la obra, a dicha cantidad habrá de sumársele el coste interno de administración del concurso y, en la proporción que corresponda, los costes generales de administración y gestión de la empresa. La diferencia, entre que el comprador sea la Administración Pública o una empresa privada, no está en que los componentes del coste total de construcción del puente sean distintos o hayan estado mejor o peor administrados, sino en que, tarde o temprano, la empresa privada habrá de revertirlos en su “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”, sean los que sean, y enfrentarlos con los ingresos que obtiene, mientras que la Administración Pública nunca habrá de hacerlo ya que no tiene, o no lleva, “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” ni existe modo de calculársela y, por ello, a Ella le será indiferente -aunque no debiera- que en la adjudicación de dicha obra hayan intervenido uno o setenta funcionarios arquitectos, ingenieros, contables o administrativos e incluso que la adjudicación de la obra no se haya hecho al mejor oferente concursante. A la Administración Pública siempre le salen las cuentas, independientemente de que gaste más, menos o igual de lo que ingresa, pues el “déficit”, “superávit” o “equilibrio presupuestario” no da cuenta de la eficiencia económica de la gestión pública como muchas veces, cuando les conviene, pretenden los políticos responsables.

No obstante, la actividad económica de la Administración Pública (y señalemos para evitar confusiones que ahora no hablamos de la función reguladora de los mercados que tal actividad pueda conllevar) es esencial como elemento estabilizador de la economía del país, susceptible de ser utilizada como herramienta de la política anti-cíclica en las épocas de crisis. Ahora bien, sería deseable que la hiper-actividad de la Administración no hubiera de ser improvisada con “planes de choque” más o menos afortunados en los momentos bajos del ciclo, sino que, en todo momento y por cauces previamente establecidos de “economía de bienestar”, se activase automáticamente el mecanismo compensatorio de las subidas o bajadas de la actividad económica del país a través del mercado.

Es decir, no se trata de que la Administración haya de dotar su plantilla de funcionarios médicos, enfermeros, cuidadores de ancianos, cocineros, camareros, albañiles, etc. para atender casual o permanentemente las necesidades generales de los respectivos servicios que prestan tales oficios (“zapatero a tus zapatos”); de lo que se trata es de que el Estado garantice a todos los ciudadanos -al modo en que lo haría una gran Compañía de Seguros- el mínimo de recursos para que ellos mismos puedan pagarse la atención de las necesidades básicas que estuvieran incluidas en una lista mínima legal establecida, la cual debería tender a ser lo más larga y generosa que vaya siendo posible y en la que, de momento, podrían estar incluida: la alimentación básica de la unidad familiar, la educación permanente y acceso a la cultura de sus miembros, el uso de una vivienda o residencia digna, la atención médica y sanitaria casual y/o preventiva al más alto nivel técnicamente posible, los trasportes públicos y la atención específica requerida por cada discapacitado o anciano. La puesta en práctica de tal sistema de cobertura podría lograrse, simplemente, con la extensión de la función fiscal recaudadora del IRPF -ese genial invento fiscal contemporáneo- complementándolo con un sistema de subvenciones de renta a las personas y unidades familiares que no alcanzasen con sus ingresos anuales el nivel mínimo establecido de forma personal y subjetiva (tal como se hace ahora para gravar sus rentas con el impuesto) y de acuerdo con las mencionada necesidades básicas de cada uno.

Resultará evidente que, a partir de ahí, una parte sustancial de la demanda interna de las familias habría quedado a cubierto de los altibajos del ciclo económico y garantizaría, en un “modelo de economía cerrada”, la realización de una buena parte de la producción nacional con un importante efecto estabilizador de la economía del país. Mas, hoy día, no podemos hablar de “economías cerradas” ya que, dado el alto grado de globalización alcanzado por la Economía Mundial, ningún país puede pretender instalarse en un modelo autárquico. No obstante, habrá de reconocerse que una demanda interna estable de bienes y servicios básicos en cuantía relativamente mucho más elevada, daría al sistema productivo nacional unas pautas económicas claras, objetivas y solventes, para optimizar el ajuste en eficiencia de la producción interna y del comercio exterior aunque, para ello, ciertamente se requeriría “más estado” (aunque no más estado en términos de más actividad productiva directa de la Administración Pública cuya eficiencia es prácticamente incontrolable tal como habíamos dicho). Se requeriría un Estado con mayor poder fiscal y financiero -y volvemos a evocar la figura de una gran Compañía de Seguros- que, aparte de cubrir directa o indirectamente la demanda social de administración de justicia, defensa, representación, seguridad, orden público e infraestructuras; cubriera las necesidades financieras básicas de los ciudadanos a expensas de la detracción fiscal progresiva en la renta de los más acomodados.

Puede que todo esto suene a monserga utópica y voluntariosa muy propia de mí, pero estoy convencido de que, si los estados más ricos (“per capita”) no adoptan una estrategia de esta naturaleza -optando por el “bienestar social general” y la “estabilidad económica” frente al “crecimiento”[1]- y arrastran con su ejemplo al resto de las naciones; terminaremos perdiendo el bienestar alcanzado a finales del siglo XX en una lucha (que puede resultar “no metafórica”) por la captura de los mercados trans-fronterizos, la rentabilidad de las inversiones, los beneficios y los aumentos de competitividad y productividad a cualquier precio.

Dejo para otra ocasión hablar de las nefastas consecuencias que traería para los países actualmente ricos una estrategia de crecimiento y confrontación competitiva, abierta y sin límites al egoísmo incremental productivo, frente a la capacidad y potencial real de desarrollo competitivo de la producción en los países llamados “emergentes” (China, India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, etc.) aun cuando sólo pretendan vivir y se conformen con alcanzar en la próxima década una “renta per cápita” de la mitad de la cuantía de la nuestra actual.
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[1] Para muestra véase lo que les está pasando a los islandeses.